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No es mal truco eso de dejar que los corruptos campen por sus respetos durante décadas, y presentarlos ante las cámaras  de televisión y ante la justicia cuando  ya se han forrado la andorga a modo y a algún juez le conviene darle un revoque a la fachada del sistema.
Y como,  en España,  la mala memoria de los  responsables de los organismos competentes -y encargados de velar  por la legalidad-,  nos han hecho campeones de la desinformación, la corruptela, el fraude, y la inopia, mientras los caciques y los bandarras se forran sin rubor, queremos facilitar a los cargos electos y a los funcionarios competentes del Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura,  la oportunidad de no cometer "delito de fraudes y exacciones ilegales realizadas por funcionarios", "delito de infidelidad en custodia de documentos oficiales", "delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios", "delito de prevaricación", y  ganarse el sueldo honradamente: miren  a ver adónde han traspapelado la  denuncia de Diego Catalán contra la Fundación Ramón Areces ante el Protectorado de Fundaciones,  porque mis cuates y yo tenemos la pu

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Los fondos de reptiles suelen financiarse mediante sociedades estatales que duplican las tareas y los gastos. En vez de discutir de política desde un punto de vista ideológico, y escribir editoriales y columnas de opinión, más nos valiera examinar los informes del Tribunal de Cuentas y los Presupuestos Generales del Estado para contar como, por donde y con qué se soborna, se corrompe y se subvierte la democracia.
Se pueden encontrar estrambóticas sorpresas societarias y contables con cargo al erario público, y equipos de ignotas eminencias (1) en lo suyo, como en SEACEX, S.A, que ya estarían en el paro o procesados si gestionaran así una empresa privada.
Ese desparpajo e inepcia en la trapisonda contable sólo se concibe si se cuenta con la imp

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Los responsables de las numerosas irregularidades que señala el Tribunal de Cuentas podrían ser punibles,   según los artículos 404  al 445 del Código Penal vigente, y algunos otros.
La trama de intelectuales paniaguados, fundaciones  pesebreras, y cargos políticos que medran en los alrededores del negociado de Cultura, participando en el lucro, malversación y desvío de los recursos  públicos,  no es un misterio que requiera dotes detectivescas de primera línea. Bastaría la Inspección de Hacienda  para comprobar el enriquecimiento ilícito de estas astrosas medianías  profesionales  que  ninguna empresa privada habría contratado, convertidos en cargos por designación directa,  y sus cómplices en el contubernio mafioso , los siluros de  los Partidos, las Fundaciones y las Asociaciones Culturales  con figuras de relumbrón, que se benefician de esta lenidad dolosa.

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España tiene una ciudadanía, alienada y esquizoide, cuyo índice de valores, intereses  y prioridades no coincide con su interés,  ni con su atención,  ni con sus  problemas reales. La dicotomía se trasluce en el consumo de antidepresivos, anecdotarios y cotilleos, cursos de autoestima, libros de autoayuda, creencias irracionales, paroxismos doctrinarios, y un exhaustivo idiotismo a la hora de asumir cualquier tarea que requiera esfuerzo, inteligencia, criterio, y discernimiento.
Los sucesivos gobiernos han contado con esta amalgama de pasividad y estulticia  para malversar, esquilmar y saquear las arcas del Estado.
De vez en cuando, crean un chivo expiatorio, como Luis Roldán,  no por haber robado más, sino por haberlo hecho por libre, sin pagar aranceles a la mafia que administra los caudales del Estado,  pertrechada del amparo de un sistema judicial que tarda diecisiete años en juzgar a Aida  &Aacut

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Entre otras pillerías, el Tribunal de Cuentas señala en este capítulo V, el caso del Museo Cerralbo, donde se exhiben los bienes que un ciudadano ejemplar legó en su testamento a favor del Estado español, en 1924; pero lo gestiona y cobra las entradas una Fundación privada, que con el beneplácito de los servicios jurídicos del Estado no justifica gastos, compra-ventas ni ganancias, y no rinde cuentas al Tesoro Público. Otros museos, venden entradas y publicaciones; pero ni las matrices de las entradas ni el total coincide con lo que ingresan en el Tesoro Público por este concepto. Y señala el Tribunal de Cuentas que tampoco hay manera de saber si se han vendido entradas y se han destruido las matrices para que no quede rastro, porque no existe ni el más mínimo sistema de control de taquilla y de caja. Y hay mucho más...
Los periodistas y analistas políticos españoles, los jueces, los fiscales, y los Abogados del Estado pueden llegar a la jubilación honrosa sin haber tenido en su puñetera vida ese mínimo rigor y honestidad intelectual necesario para confesar que jam&aacu

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En el capítulo IV, el Informe del Tribunal de Cuentas describe, con la minucia y ponderación que le caracteriza, cómo los responsables de Bellas Artes y Bienes Culturales se pasan por el arco del triunfo las normas contables, el control, y la gestión de los fondos públicos.
La conclusión mejor intencionada es que los responsables del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y los gobiernos que los amparan, son una panda de ineptos, inconscientes, y temerarios, a los que ninguna empresa sensata les permitiría administrar ni los fondos destinados a los sellos de correos. La conclusión del Tribunal de Cuentas es digna de inscribirse en la lápida que cubre la tumba donde yace nuestra ingenuidad.

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Copio:

IV. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA

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Desde su creación, el ministerio de Cultura es una catástrofe administrativa, fiscal y contable sin tasa ni control. Un nido de alianzas con fundaciones y empresas que se dedican a la extracción del dinero proveniente de los Presupuestos Generales del Estado, y que, a su vez,  revierten honores y cargos en los burócratas, disfrazados de intelectuales,  del Ministerio. Y se les puede ocurrir de todo, reivindicar la propiedad intectual de las digitalizaciones de la Biblioteca Nacional de España, y cobrar así derechos de reproducción de las obras libres de derechos; ofrecer el contrato de la

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Que conste que este segundo capítulo sigue siendo la transcripción literal del Informe de fiscalización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, realizado por el Tribunal de Cuentas, publicado en su web, en PDF, bien escondido, y con todos los cerrojos y candados para que no se pueda copiar y reproducir.
Y que conste que, a causa de esta sarta de ilegalidades detectadas, nadie ha sido procesado, nadie ha dimitido, nadie se ha suicidado para no afrontar su deshonor y las consecuencias penales. Aquí no ha pasado nada, esto es España. Aquí somos tan chulos que tenemos como Ministro de Justicia a un payo con el elocuente tic nervioso de Lady Macbeth, que se frota las manos obsesivamente, como si las tuviera manchadas de sangre, y estuviera lavándolas constante y compulsivamente; y el Ministro de Economía y Ha

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El Tribunal de Cuentas es el órgano de control del gasto público. Sus dictámenes señalando irregularidades y desvíos presupuestarios deberían corresponderse con denuncias, sanciones y condenas ante los tribunales de justicia, si, en el Congreso, los partidos políticos y los diputados hicieran el trabajo por el que cobran, para el que fueron elegidos en las urnas, en vez de dedicarse al noble arte de rascarse la entrepierna. Y, también, si la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía anticorrupción, y los Tribunales de Justicia no fueran meros comparsas del Gobierno de turno, en vez de representar dignamente la independencia del poder judicial. Y eso es así porque los españoles tenemos el espíritu servil incrustado hasta la médula, y porque en la defensa de nuestros derechos tenemos

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